La Comisión de Discapacidad del Congreso ha aprobado una iniciativa que pide al Gobierno que adapte el certificado de discapacidad, actualmente expedido en tamaño folio en gran parte de las comunidades autónomas, a un formato similar al del DNI.
La iniciativa, que ha sido aprobada a instancias del PP y con el apoyo de UPyD, recuerda que en 2009 presentaron ante la Comisión de Discapacidad una proposición no de ley sobre la necesidad de adaptar el certificado de minusvalía, hoy en día llamado “certificado de discapacidad” (un documento oficial, expedido únicamente por la Administración Pública, que acredita que una persona tiene un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento) a un formato “más operativo y funcional”.
Este certificado es emitido, previa solicitud del interesado, por las comunidades autónomas, en muchos casos, en formato papel tamaño “DIN A4” y otorga derechos como, la posibilidad de solicitar viviendas de protección pública especiales para personas con discapacidad o ayudas para la adaptación de la vivienda; descuentos en transportes o el acceso a determinadas becas.
En la iniciativa, el PP recuerda que se instaba al Gobierno a consensuar con las comunidades el establecimiento de un nuevo certificado de discapacidad, tamaño carné similar al DNI electrónico, donde se acredite un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y si la persona con discapacidad tiene movilidad reducida, se solicitaba cambiar el soporte de papel del certificado de discapacidad por otro menos frágil, y más acorde con la realidad, según explica. De esta manera, defiende que las personas con discapacidad podrían acceder a todas las ayudas autonómicas previstas o realizar cualquier trámite administrativo de una manera más cómoda y sencilla.
A pesar de que esta iniciativa parlamentaria tuviera “una muy buena acogida”, lamenta que ya que existe un documento similar al certificado de discapacidad que presenta un diseño más cómodo y resistente, pero que no todas las comunidades autónomas han adoptado el nuevo diseño. “Provoca una discriminación hacia las personas con discapacidad en función de su lugar de residencia”, según puntualiza.
Por todo ello, se insta al Gobierno en esta iniciativa a promover el establecimiento en todo el territorio español de la “tarjeta de discapacidad y que ésta sustituya plenamente al certificado de discapacidad en formato papel, todo ello, con la colaboración de las comunidades autónomas”.