53 denuncias a municipios madrileños que incumplen la obligación de tener un taxi adaptado

Eurotaxi madrileño

FAMMA COCEMFE Madrid acaba de remitir al Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras de la Comunidad un total de 53 denuncias relativas a ayuntamientos madrileños que podrían incumplir con su obligación de contar con, al menos, un taxi adaptado (Eurotaxi).
Precisamente, FAMMA denuncia también que se ve en la obligación de acudir a este organismo, el que tiene potestad en la materia, para que verifique, municipio por municipio, los posibles incumplimientos, debido a la falta de transparencia al respecto por parte de las distintas Administraciones locales, puesto que, además, suponen trabas en lo que se refiere a la integración social de las personas con discapacidad.
La Federación insta al Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras de la Comunidad a que tome las medidas oportunas para identificar a aquellos municipios que incumplen la legislación vigente, vulnerando los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, y para que se arbitren las medidas precisas que permitan iniciar un procedimiento sancionador contra los citados ayuntamientos por incumplimiento de la norma.
FAMMA reitera que las personas del colectivo con discapacidades más severas que viven en los municipios más alejados de la capital no pueden ser considerados ciudadanos de segunda y, por ello, la Federación reclamará que se cumpla, “al pie de la letra”, lo que establece la legislación vigente, con el fin de asegurar su movilidad y evitar que, para desplazarse a la capital, tengan que utilizar taxis adaptados de otros municipios, con el consiguiente sobrecoste.
Por último, es preciso recordar que el artículo 9 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional al que la Comunidad dio su respaldo en su momento, establece que, “a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.
 
 

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