FAMMA y MISSEM firman un convenio para potenciar la integración de personas con discapacidad en el ámbito rural

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FAMMA-Cocemfe Madrid ha firmado un convenio marco de colaboración con la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Este de Madrid (MISSEM) para fomentar la integración en sociedad de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida que vivan en los seis municipios que integran esta mancomunidad, que son: Ambite, Campo Real, Loeches, Olmeda de las Fuentes, Pozuelo del Rey, y Villar del Olmo.

Mediante este acuerdo, asimismo, ambas organizaciones se marcan como objetivo principal el de integrar a todos los niveles a las personas con discapacidad que vivan en estos municipios, garantizando, además, la coordinación y complementariedad entre los distintos servicios y programas sociales con los que cuenta tanto FAMMA como MISSEM.

También es otro de los objetivos que se persigue mediante este acuerdo el de contribuir a la sensibilización de la población, a nivel general, sobre las necesidades específicas de las personas con discapacidad física u orgánica, así como la puesta en marcha de acciones e iniciativas para estimular su participación social. En virtud de este convenio, los profesionales de FAMMA podrán prestar asesoramiento directo, así como poner en marcha acciones de intermediación laboral, de las que puedan beneficiarse las personas con discapacidad de los mencionados municipios.

El acuerdo que hará posible estas acciones ha sido rubricado por el presidente de FAMMA, Javier Font, y por el de MISSEM, Jorge González, y facilitará que las personas con discapacidad de estos municipios puedan tener acceso a oportunidades laborales, así como a itinerarios de inserción personalizados y a asesoramiento social. El citado acuerdo permitirá atender a un volumen de más de 500 personas con discapacidad que residen en los seis municipios que forman parte de MISSEM, según las estadísticas oficiales.

También será posible garantizar el pleno cumplimiento del artículo 49 de la Constitución Española (CE), en el que se menciona que “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad, a las que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de sus derechos (…)”.

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