La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FAMMA-Cocemfe Madrid) incluye en su estrategia de trabajo actuar en los municipios más alejados de la capital porque detecta que las personas con discapacidad física tienden a desarrollar enfermedades mentales por la falta de recursos, ya que la baja densidad de población hace que éstos sean muy limitados o inexistentes.
Las personas con discapacidad que viven en el medio rural, además de encarar sus dificultades funcionales, tienen que enfrentarse a las intrínsecas que caracterizan al medio en el que habitan. Esto provoca que este colectivo sufra una situación de vulnerabilidad, ya que pone en peligro su autonomía, su calidad de vida y las posibilidades de participación comunitaria. En la mayoría de los casos, dependen de sus familias, quiénes han normalizado dentro de su rutina diaria, estas limitaciones.
Según los datos de la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal ysituaciones de Dependencia de 2008, el porcentaje de la población afectada poralgún tipo de discapacidad en los municipios con menos de 10.000 habitantes es deun 10,2% frente a un 7,6% de la población urbana. Este aumento en el porcentaje depersonas con discapacidad se hace especialmente patente en el sector de poblaciónde mayores de 65 años, donde se alcanza la cifra de un 34,3% de la población.
En palabras de Javier Font, presidente de FAMMA, esta diferencia es “consecuencia de la falta de recursos hacia estas personas, que no solo no avanzan hacia su autonomía personal y la plena inclusión, sino que retroceden en sus capacidades y estado de salud adquiriendo otras nuevas discapacidades, desgraciadamente”.
Desde la Federación, estamos llevando a cabo un programa para promover la inserción laboral de personas con discapacidad en zonas rurales a través de un proceso personalizado de formación profesional, mejora de habilidades sociales y empleabilidad.
Este proyecto nos ha permitido conocer, desde el origen, las causas que provocan la exclusión. Hemos detectado ausencia de ayuda asistencial, falta de recursos educativos, carencia de formación, una inserción laboral casi inexistente, barreras arquitectónicas y urbanísticas, centros sanitarios a largas distancias y actividades culturales inaccesibles.
Por ejemplo, durante el proceso educativo, existe una verdadera dificultad para atender adecuadamente a los alumnos con discapacidad en el medio rural. Como consecuencia, quedan paulatinamente arrinconados por falta de adecuación de los recursos educativos. En el medio rural, el 5,1% de las personas con discapacidad no está escolarizada, más del doble que en la ciudad. Y declaran no estarlo porque no hay en su entorno un centro adecuado a sus necesidades.
Las barreras arquitectónicas y urbanísticas hacen que las personas con discapacidad que habitan en este entorno vivan una situación de doble desventaja por la confluencia de ambos factores. Incluso su propia vivienda puede tener inaccesibles espacios vitales de la vida familiar alimentando el aislamiento.
La distancia existente entre el municipio y los servicios conlleva la dependencia total y constante de los medios de transporte, aunque resulta excesivamente generalizada en el medio rural español la inexistencia de transporte adaptado.
Como consecuencia, la persona con discapacidad depende de ella misma o de su familia o vecinos.
A todo ello, se suman las pocas posibilidades de disfrutar de las actividades sociales y culturales. Es más, todavía hay zonas sin acceso a Internet, lo que imposibilita utilizar esta herramienta como vehículo para la inclusión social. Y donde hay centros públicos de acceso a Internet, suelen ser inaccesibles para las personas con movilidad reducida.