El secretario de Organización de COCEMFE, Daniel-Aníbal García Diego, detalló ayer los incumplimientos de la normativa básica sobre discapacidad en nuestro país durante una ponencia sobre el el “Estado de la aplicación de Ley General de Derechos de las Personas con discapacidad y de su Inclusión Social”, impartida en Almería durante unas jornadas organizadas por FAAM.
Durante su exposición, García Diego analizó cada uno de los derechos recogidos en la norma y concluyó que “se vulneran debido a la falta de medidas que garanticen su cumplimiento y las actuaciones que la administración central no ha realizado para hacer un seguimiento de la misma”.
En relación al derecho a la igualdad de oportunidades, señaló que “las prestaciones, servicios y los diferentes beneficios que reciben las personas con discapacidad no son suficientes para paliar su situación de desventaja y que la igualdad de oportunidades sea real”. En este sentido, indicó que “tampoco están siendo lo efectivas que deberían las medidas de acción positiva que la norma ha pretendido impulsar para atajar la discriminación múltiple, la exclusión en el ámbito rural y el menor grado de igualdad de oportunidades de las mujeres, los niños y niñas”.
El derecho a la protección social también es vulnerado: “Más de la mitad de las personas con discapacidad de nuestro país, el 50,4%, no tiene ayudas personales y técnicas suficientes para poder participar en actividades cotidianas”, aseguró.
Por su parte, el derecho a la protección de la salud, no está garantizado, según el Secretario de Organización de COCEMFE, por la falta de coordinación sociosanitaria, la ausente personalización de servicios y el inexistente “plan nacional de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades” contemplado en la norma.
En relación al derecho a la educación, reconoció los avances que se han realizado en nuestro país a favor de la educación inclusiva, tanto en los centros públicos como concertados y privados, y apuntó que “la accesibilidad es deficiente en una tercera parte de los centros educativos” y que “una cuarta parte de los estudiantes con discapacidad todavía no participan en igualdad de condiciones”.
El derecho a la vida independiente se basa principalmente en la accesibilidad universal. En este sentido, “aunque el Gobierno ha estableciendo los diferentes criterios de accesibilidad para entornos, edificaciones y transportes, todavía existen barreras en todo el país que el 4 de diciembre tendrían que haber desaparecido y no disponemos de un régimen de infracciones y sanciones que sea eficaz”, afirmó García Diego, recordando también que “no se ha realizado el “Plan nacional de accesibilidad” recogido en la ley.
Daniel-Aníbal García Diego reconoció que “en relación al derecho al trabajo se ha avanzado mucho en los últimos años pero no lo suficiente porque nuestra tasa de actividad está 44 puntos por debajo de la tasa de la población en general y la de paro 9 puntos por encima, la mayoría de las empresas sigue saltándose la reserva de puestos de trabajos para personas con discapacidad y la garantía de rentas ha disminuido progresivamente en los últimos años”.
Finalmente afirmó que “ejercer el derecho a la participación en los asuntos públicos es para las personas con discapacidad cuanto menos difícil, si los colegios electorales y sus entornos siguen presentando barreras, si la falta accesibilidad en edificios públicos restringe a las personas de nuestro grupo social dedicarse a la política o si continúa siendo baja la consideración de las propuestas planteadas por las organizaciones de discapacidad”.