Convenio de colaboración por la mejora de la inclusión de las personas con discapacidad en la función pública

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El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad  de Madrid, CERMI Comunidad de Madrid, ha firmado un convenio de colaboración general con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Madrid, CSI-F Unión Autonómica de  Madrid, que pretende promover el acceso de las personas con discapacidad a la función pública a  todos los niveles, así como mejorar y reforzar la situación de quienes tienen discapacidad y/o  movilidad reducida y ya trabajan en la actualidad en el sector público.

El citado convenio  ha sido firmado por el presidente de CERMI Madrid, Javier Font, y por el de CSI-F Unión Autonómica de Madrid, Manuel González.

Ambas se han comprometido a colaborar conjuntamente y, de forma concreta, se comprometen a fomentar la inclusión del enfoque de discapacidad en el ámbito de la función pública, a través de las acciones y estrategias que sean  pertinentes, a analizar las demandas y reivindicaciones de las personas con discapacidad y sus  familias en lo referente al empleo público y a poner en marcha acciones para trasladar en mayor  medida a la Administración las necesidades y reivindicaciones de quienes tienen discapacidad y  quieren acceder a la función pública o de quienes trabajando ya en el sector público se encuentran  con dificultades en el desempeño de sus funciones, por múltiples causas, como barreras físicas o comunicativas o actitudes discriminatorias.

Entre otras líneas concretas de actuación, el mencionado convenio persigue fomentar el empleo público dirigido al colectivo de personas con discapacidad, mejorar las condiciones laborales de los funcionarios con discapacidad y velar por sus derechos, brindar protección social a los trabajadores públicos con discapacidad, así como a sus familias, ofrecer acciones formativas de interés a estos empleados públicos, trabajar para alcanzar un entorno laboral inclusivo para las personas con discapacidad en el sector público y, en última instancia, para concienciar a la Administración de que es preciso impulsar políticas que permitan que los empleados públicos puedan trabajar en igualdad que las demás personas.

Por último, el mencionado convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años desde el momento de la firma, también recoge que se creará una comisión de seguimiento integrada por dos representantes de cada una de las dos organizaciones con el fin de velar por su correcto desarrollo y aplicación, así como para analizar nuevas medidas a impulsar de interés para el colectivo de personas con discapacidad en el ámbito de la función pública.

 

 

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