El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Gobierno y al Parlamento que promuevan una modificación normativa que permita asimilar legalmente las situaciones de dependencia oficialmente valoradas al grado mínimo de discapacidad del 33 por 100.
En un documento remitido al ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a los distintos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, el CERMI propone modificar la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social para considerar como tales, con un grado del 33 pro 100, a las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia en cualquiera de sus grados.
En la fundamentación de su propuesta, el CERMI señala razones políticas y legislativas, como la del ahorro público y simplificación administrativa, con eliminación de trámites y cargas, que supondría la adopción de esta medida.
Las personas con una valoración reconocida de dependencia han pasado por un proceso exhaustivo de entrevistas y exámenes. Si desean obtener un reconocimiento de la discapacidad debe acudir a otro procedimiento, que se desarrolla en otro organismo, abonar una tasa, en ocasiones, y esperar, frecuentemente mucho tiempo, para que el mismo concluya.
De aceptarse la propuesta, a la simplificación y mejor servicio al ciudadano se uniría un ahorro de recursos y medios en el organismo calificado de la discapacidad, si bien no en todos los casos, en un gran número de ellos.