La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) muestra su satisfacción con la inclusión de los programas dirigidos al colectivo de la discapacidad dentro de las prioridades del Plan Social de Apoyo a ONG aprobado en el último Consejo de Ministros.
Parte del Plan, dotado de 687 millones de euros, pretende aliviar la grave situación de tesorería de organizaciones con las que mantienen una deuda las Comunidades Autónomas y ayuntamientos y que, por este motivo, tienen paralizados proyectos así como el pago de nóminas de sus trabajadores.
El presidente de COCEMFE, Mario García, explica que “este Plan Social de apoyo a ONG, largamente reivindicado por el sector de la discapacidad a través del CERMI, era muy necesario puesto que llevamos años sufriendo retrasos en el cobro de subvenciones para la prestación de servicios sociales básicos que son imprescindibles para mantener la salud y calidad de vida de las personas con discapacidad, para fomentar su integración y normalización en la sociedad o para defender sus derechos”.
Asimismo, Mario García señala que en las Comunidades Autónomas “ya se han reducido en los últimos dos años entre un 60 y 70% las ayudas y subvenciones para la asociaciones de discapacidad, o incluso hay algunas partidas que se han eliminado por completo. La eliminación o la drástica reducción de ayudas y subvenciones, junto al descenso en la financiación privada, está provocando que este colectivo vea mermados programas servicios, recursos y dispositivos de apoyo directo al colectivo que únicamente prestan las organizaciones de discapacidad, puesto que las administraciones no lo hacen”.
El presidente de la entidad confía en que “este nuevo Plan Social de Apoyo a ONG, junto a otras medidas adoptadas en este sentido a través del Fondo de Liquidez Autonómica, sirva para saldar las deudas pendientes con las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y su plena integración y normalización social, y que se reactiven los apoyos que las administraciones autonómicas proporcionaban a este sector y que han eliminado o reducido drásticamente”.