Expertos en Derecho y representantes de entidades del Tercer Sector coincidieron ayer en señalar las lagunas existentes en torno a la aplicación de la ley de transparencia en el sector. Así lo pusieron de manifiesto durante la jornada organizada por la Plataforma del Tercer Sector en Fundación ONCE para analizar el impacto de esta norma.
Rafael de Lorenzo, secretario general de la Plataforma del Tercer Sector, fue el encargado de la apertura de esta jornada, organizada en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y señaló que “uno de los valores de las organizaciones del sector es la transparencia” y ahora, “aunque insatisfactoriamente”, dispone de una regulación normativa. Se trata, puntualizó, de una norma muy debatida y en la que “se ha dado mucha manga ancha a las enmiendas”, lo que la ha convertido en una ley “compleja”.
Desde su punto de vista, el Tercer Sector “tiene que ir por delante” y “no basta con cumplir la ley sino que hay que tomar la iniciativa y demostrar que está haciendo un esfuerzo” en favor de la transparencia “porque “está en su ADN”. Así, se refirió a la situación actual de “ahogamiento” de las entidades del sector y apostó por luchar contra “esta corriente, a través de la legitimidad de su misión social” y el relato del propio sector para evidenciar los esfuerzos en la asunción de los principios de la transparencia.
La primera ponencia del día la impartió Mariana Samaniego, de Garrigues Abogados, quien abordó el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley y se refirió, principalmente, a las obligaciones de publicidad activa que afectan a las entidades del sector que perciban ayudas y subvenciones públicas de más de 100.000 euros en un año, o aquellas en las que el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública con un mínimo de 5.000 euros.
Posteriormente, David Arias Guedón, de Garrigues Abogados, se centró en las obligaciones materiales derivadas de la ley para las entidades del Tercer Sector y señaló que se trata de una ley “de límites”. En cuanto a los límites generales que establece la normativa, explicó que el derecho de acceso a la información puede ser limitado cuando suponga “un prejuicio efectivo”, como son las cuestiones de seguridad nacional, defensa, o seguridad pública, entre otras, algunas de ellas de amplia interpretación, según ha dicho.
En cuanto a la publicidad activa, ha asegurado que las obligaciones que la ley impone son la publicación de toda información relevante para garantizar la transparencia de la actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, de forma gratuita, accesible, entendible, en formatos reutilizables, y a través de las sedes electrónicas o páginas web.
Sobre el alcance del principio de publicidad activa, la información institucional que deben publicar las entidades del sector son, según ha explicado, su normativa, aunque en la ley no se especifica este punto; las funciones que desarrollan, respecto a lo que ha opinado que “solo deberían publicarse las funciones sustentadas con dinero público”; y la estructura organizativa.
En lo que respecta a las obligaciones sobre información económica, presupuestaria y estadística, que afectan al Tercer Sector, son la información relevante relativa a contratos y convenios firmados con la Administración y las subvenciones o ayudas, así como la retribución anual de los máximos responsables de las entidades e indemnizaciones por cese, aunque, ha puntualizado, ésta última “no queda claro si es aplicable o no al sector”. En su opinión, el resto de obligaciones recogidas en el texto no serían exigibles al sector aunque, ha dicho, “hay quien cuestiona esta interpretación”.
Por su parte, Emilio Guichot, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla se ha centró en los retos e incógnitas de la ley y ha señalado que el hecho de que “teniendo una de las primeras constituciones que establecen el derecho acceso a información administrativa”, España no haya desarrollado una ley de transparencia hasta ahora se debe a “la tormenta perfecta” provocada por la crisis económica y política e institucional.
La clausura de la jornada corrió a cargo de Juan Lara Crevillén, vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector, quien apostó por la transparencia como valor de las entidades que componen el sector.