COCEMFE alerta en el Día Internacional de la Discapacidad de que la aplicación del baremo de la discapacidad continúa generando exclusión por falta de rigor en las valoraciones y la calidad del proceso.
Una realidad que se repite
Desde la entrada en vigor del Real Decreto 888/2022, el sistema de valoración de la discapacidad debería garantizar mayor objetividad, precisión y transparencia del proceso.
Sin embargo, los datos más recientes recogidos por COCEMFE en el informe parcial “Evaluación participativa del Nuevo Baremo de la Discapacidad: hacia una inclusión más eficaz” muestran que las irregularidades persisten y siguen afectando profundamente a la vida de miles de personas.
Con unos tiempos de espera excesivos y que no cumplen la ley en más del 70% de los casos, el nuevo baremo continúa generando grados de discapacidad a la baja, incrementa la incertidumbre, la sensación de indefensión y mantiene desigualdades territoriales que condicionan el acceso a prestaciones y apoyos esenciales.
Descargar informe ‘Evaluación participativa del Nuevo Baremo de la Discapacidad: hacia una inclusión más eficaz‘ en PDF
Avances insuficientes y retrocesos preocupantes
El estudio, basado en más de mil testimonios de personas con discapacidad, familiares y personal técnico, revela:
- Valoraciones a la baja: las personas con un grado inferior al 33% han aumentado del 33% al 40% en comparación con 2024, limitando el acceso a derechos básicos.
- Menos resoluciones definitivas: pasan del 79% al 69%, lo que provoca más expedientes recurridos y mayor incertidumbre.
- Desconocimiento y falta de especialización: el 68% considera que el equipo valorador no conoce su discapacidad y el 77% afirma que no se tienen en cuenta las comorbilidades.
- Un sistema de reclamaciones ineficaz: solo el 11% de las reclamaciones mejora el grado reconocido, mientras las reducciones aumentan del 6% al 13%.
- Persisten los retrasos: el 48% sigue esperando más de un año, especialmente en Galicia y Andalucía. Y el 85% considera que la espera ha tenido un gran impacto en su acceso a derechos.
- Desigualdad según territorio: en algunas comunidades, como la Valenciana, menos de la mitad de las citas son presenciales y hasta el 45% se resuelven solo con informe facultativo, sin valoración directa.
- Insatisfacción: el 74% de las personas se muestran algo o totalmente inconformes con la valoración.
Baremo que recorta derechos y compromete la igualdad
Las valoraciones insuficientes tienen consecuencias directas sobre la vida de las personas con discapacidad:
- Pérdida de acceso a prestaciones y servicios esenciales.
- Imposibilidad de optar a apoyos para la vida independiente.
- Dificultades para el empleo, la educación y la participación social.
- Mayor exposición a la desigualdad y la exclusión.
- Este efecto es especialmente grave en personas con patologías orgánicas, discapacidades poco visibles y situaciones de vulnerabilidad múltiple.
Lo que COCEMFE exige de manera urgente
Para garantizar un sistema justo, homogéneo y centrado en los derechos de las personas, COCEMFE reclama:
Cumplir la ley, reduciendo a un máximo de seis meses el tiempo desde la solicitud hasta que la persona es notificada con su correspondiente grado de discapacidad
Refuerzo y especialización de los equipos de valoración, con profesionales formados en discapacidades físicas y orgánicas.
Homogeneización de criterios en todas las comunidades autónomas, evitando desigualdades territoriales.
Garantizar la presencialidad y la calidad técnica de las valoraciones, limitando las resoluciones basadas solo en informes facultativos.
Un sistema de reclamaciones eficaz, capaz de corregir resoluciones injustas.
Evaluación real del impacto del baremo en la vida de las personas y en su acceso a derechos.
Descarga nuestros informes
Descargar informe preliminar ‘Irregularidades en la aplicación del baremo de discapacidad‘ en PDF
Descargar informe preliminar ‘Evaluación participativa del Nuevo Baremo de la Discapacidad: hacia una inclusión más eficaz‘ en PDF
Según los datos de este informe, aumentan las valoraciones por debajo del 33%, lo que limita el acceso a derechos y apoyos. Además, las reclamaciones rara vez mejoran las resoluciones: solo el 11% logra un incremento del grado reconocido.
La campaña ‘Datos que hablan de Derechos’ está financiada a través de las subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social de la convocatoria del 0,7 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
