Protesta ante la Generalitat por las políticas sobre subvenciones a los Centros Especiales de Trabajo

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Unas 80 personas, entre trabajadores, responsables de Centros Especiales de Trabajo (CET) y las entidades que los representan, se concentraron ante la sede del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat para protestar por las políticas del Gobierno sobre subvenciones a los CET, que están poniendo en peligro la viabilidad de muchos de ellos y el ejercicio del derecho al trabajo de cerca de 7.000 personas con discapacidad en Cataluña.

“El acto ha tenido lugar después de que se haya solicitado reiteradamente a diferentes estamentos de la Generalitat (presidente, vicepresidente y consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias), a través del envío de cartas, una reunión para tratar esta problemática e intentar conjuntamente encontrar una solución favorable a las personas, y no se haya obtenido ninguna respuesta”, explican desde COCEMFE Barcelona.

A día de hoy, el colectivo de personas con discapacidad en Cataluña tiene una tasa de paro del 70 por ciento, lo que quiere decir que de las más de 106.000 personas activas sólo trabajan unas 31.000. De éstas, unas 16.000 lo hacen en Centros Especiales de Trabajo (CETs), donde “los contratos son en su mayoría indefinidos, cuando en el mercado ordinario son sobre todo a tiempo parcial y precarios”, en palabras de Julio Martínez, presidente de la Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña (FECETC), que ha hecho de portavoz de las entidades convocantes ECOM, AECEMCO Cataluña, FEACEM Cataluña, FESOCA, AECEMFO, Cocemfe Cataluña y Asescat, junto con FECETC.

Estas cifras, según Martínez, “nos legitiman para pedir el cumplimiento del derecho al trabajo de las personas con discapacidad y reducir el escandaloso nivel de paro del colectivo”.

Martínez recordó el retorno que representa para la sociedad la contratación de personas con discapacidad, así como la evidencia de que “una persona en régimen asistencial comporta más gastos que en régimen laboral”. Aun así, el Gobierno de la Generalitat “ha recortado drásticamente las ayudas a los Centros Especiales de Trabajo”, recortes que “ponen en grave riesgo de sostenibilidad un gran número de CETs y la continuidad de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad”. En este sentido, Josep Giralt, representando de ECOM, ha añadido que “a las personas con discapacidad que pierden sus puestos de trabajo difícilmente se les podrá garantizar su continuidad al mercado laboral”.

Los recortes han afectado de manera especial a las personas con discapacidad física, orgánica y sensorial, puesto que actualmente el Gobierno sólo garantiza la subvención del 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que establece la ley para los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades, cosa que excluye a la mayoría de las personas con discapacidad física, sensorial y orgánica y va en contra de la norma, que establece ayudas para todas las personas con discapacidad, con independencia del grado de afectación.

Por eso, en la concentración, que llevaba por lema “Vuestros recortes, nuestro paro”, se pidió la ejecución del mandato del Parlamento en cumplimiento de la moción que aprobó la cámara catalana el 1 de junio (con el voto en contra de JxSí) sobre los Centros Especiales de Trabajo. Esta moción, presentada por el grupo socialista, instaba al Gobierno de la Generalitat, entre otras cosas, a destinar “los recursos necesarios para garantizar la subvención del 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a todos los trabajadores con discapacidad de los Centros Especiales de Trabajo (CET) de Cataluña, y el 75% del salario mínimo para el colectivo de especiales dificultades”. En la misma moción se aprobó también por unanimidad “eliminar los topes establecidos desde el 2011, que dejan fuera de subvención del 50% del salario mínimo las nuevas contrataciones de los Centros Especiales de Trabajo”.

Al acto asistieron diputados del Partido Socialista, Ciutadans y Partido Popular para apoyar a la reivindicación del Centros Especiales de Trabajo.

Las entidades pidieron también el pago inmediato de las cantidades pendientes, que están poniendo al límite las economías de miles de familias de personas con discapacidad.

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