La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha urgido al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy a aprobar el Reglamento de Accesibilidad de bienes y servicios, tal y como se lo ha hecho saber al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) a través de un escrito.
Esta acción ha sido tomada en respuesta una queja presentada por la plataforma de la discapacidad a ese respecto, tras la cual la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha remitido un despacho en el que hace referencia a la necesidad de cumplir, con la mayor brevedad posible, el mandato legal en la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, más conocida como Liondau.
Además manifiesta su voluntad e interés en que esta regulación se lleve a cabo, en la medida en que es necesaria para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y sus familias en la esfera de los bienes y servicios a disposición del público.
Asimismo, aunque reconoce que la aprobación de esta norma sufre un importante retraso, hace constar que durante estos años se han llevado a cabo trabajos conjuntamente con otros ministerios, y con la participación de las personas con discapacidad y sus familias a través del CERMI; otrosí, informa de que el proyecto ha sido objeto de análisis e informe favorable por la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad.
También indica que la Secretaría de Estado de Política Social y Consumo suscribió, en el mes de mayo de 2011, un acuerdo por el cual la empresa Tragsatec elaboraría un estudio sobre el impacto económico de la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad en el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.
Este acuerdo se efectuó, explica, dada la complejidad que supone regular las condiciones que afectan a todos los bienes que se ponen a disposición del público a través del tráfico ordinario de un mercado abierto, así como a cualquier servicio o prestación realizada, por una persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, medie o no remuneración por las mismas, así como estimar su impacto económico.
En este sentido, manifiesta que el último de los borradores de Proyecto y la memoria del impacto normativo, que incluye como anexo el estudio sobre el impacto económico elaborado por Tragsatec, fueron remitidos a la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad a la Subdirección de Normativa de la Secretaría General Técnica del Ministerio, desde donde se continúa su tramitación.
Así, señala que actualmente este proyecto normativo de referencia se encuentra en trámite de audiencia y de consulta a los ministerios competentes y que próximamente se someterá a consulta de las Comunidades Autónomas.
Por ello, la Defensora del Pueblo, tras examinar la información ofrecida por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, le ha comunicado que han transcurrido más de 9 años y todavía no se ha cumplido con el mandato legal incluido en la Liondau.
Esta institución, por tanto, teniendo en cuenta la importancia esencial de esta regulación y la necesidad de que no haya más dilaciones y se tramita con celeridad, informa al CERMI de que ha solicitado a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad una información más concreta sobre el estado actual de tramitación (fecha de consulta y respuesta de los ministerios competentes, previsiones de consulta a las Comunidades Autónomas y de aprobación por el Consejo de Ministros), así como la copia del texto actual del proyecto y del informe de impacto económico.