La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) quiere mostrar su confianza en que la futura Ley del Tercer Sector dote de la estabilidad y continuidad que necesitan las organizaciones que proporcionan atención y apoyo a las personas más vulnerables y velan por el ejercicio de sus derechos.
“En representación de 1.600 organizaciones y de los 2,5 millones de personas con discapacidad física y orgánica de nuestro país, desde COCEMFE mostramos nuestro apoyo a esta iniciativa que pretende dotar de los apoyos presupuestarios del Estado a las entidades de acción social y esperamos que sirva para frenar los efectos devastadores que está teniendo la crisis sobre la sostenibilidad económica del sector asociativo de la discapacidad”, señala Mario García, presidente de COCEMFE.
La nueva norma, a juicio de COCEMFE, debería recoger las propuestas de las organizaciones que llegan donde las administraciones públicas no pueden hacerlo y garantizar su labor con un apoyo presupuestario a medio plazo que permita una planificación eficiente de todos los recursos disponibles.
Asimismo, Mario García confía en que “el Plan Social de Apoyo a las ONG presentado ayer en Moncloa y dotado con 3.000 millones de euros acabe con la insostenible situación en que viven muchas organizaciones ahogadas por las deudas de diferentes administraciones y que este nuevo mecanismo, dentro de los denominados planes de pago a proveedores, termine llegando realmente a las entidades sociales”.
En este sentido, COCEMFE valora positivamente el reconocimiento de las entidades del Tercer Sector como colaboradoras con las administraciones públicas, a través del Real Decreto -ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. “Este reconocimiento a las ONG que damos respuesta a las necesidades más apremiantes de la sociedad y luchamos por los derechos, inclusión y bienestar de los grupos más vulnerables, esperamos que sirva no sólo para proporcionar los fondos públicos necesarios para desarrollar nuestros fines, sino también que nos posicione por ley en un lugar prevalente como interlocutores ante el Gobierno a la hora de abordar las cuestiones que atañen a los colectivos a los que representamos”, apunta García.
Además, COCEMFE celebra la modificación que dicho Real Decreto-Ley ha realizado sobre el régimen jurídico de la gestión de los programas de interés social financiados con el 0,7% del IRPF y por el que se determinan los ejes prioritarios de actuación a los que se destinará esta asignación. Mario García considera que “este cambio proporciona una mayor operatividad y coherencia al sistema de programas de interés social y que servirá para que tengan preferencia los proyectos dirigidos a actuar sobre las personas que en el momento actual requieren mayores apoyos sociales, sanitarios, laborales o educativos, entre otros”.