La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) reclama al Congreso de los Diputados que modifique el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica para que en lugar de prohibir establezca un marco regulatorio que defina la financiación por parte de la industria farmacéutica de actividades realizadas por asociaciones de pacientes.
COCEMFE ha sido una de las entidades participantes, a través del CERMI, en la Comisión para la Reconstrucción cuyo dictamen se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación el próximo 22 de julio y propone prohibir el patrocinio de actividades de las asociaciones de pacientes por parte de la industria farmacéutica, ya sea directa o indirectamente, entre otras cuestiones.
“Como entidad con mayor representación del país de personas con discapacidad física y orgánica, que engloba a las principales organizaciones de enfermedades crónicas y que representa a uno de los colectivos más vulnerables durante la pandemia, desde COCEMFE solicitamos al Gobierno que garantice medidas de sostenibilidad de las organizaciones de pacientes, con independencia de la procedencia de su financiación, siguiendo criterios éticos y de transparencia y aplicando el régimen sancionador existente en los casos en que sea necesario para garantizar que no existe conflicto de intereses”, apunta el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.
COCEMFE recuerda que las asociaciones trabajan con las personas más vulnerables y juegan un papel muy relevante en la defensa de los derechos y la mejora de la calidad de vida de millones de personas con discapacidad y enfermedades crónicas en España.
Por ello, la vicepresidenta de COCEMFE, Eva Pérez Bech, explica que “restringir la financiación de las asociaciones de pacientes en un momento como el actual pone en riesgo la sostenibilidad de las organizaciones que prestamos un servicio esencial a miles de personas con discapacidad y enfermedades crónicas”. En este sentido, Bech recuerda que “a COCEMFE y su Movimiento Asociativo el único interés que nos mueve es responder a las necesidades de las personas con discapacidad y enfermedades crónicas, y evitamos cualquier tipo de injerencia cumpliendo nuestro el código ético y los valores de la entidad, entre los que se encuentran la integridad, independencia, transparencia y rendición de resultados”.
En cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas y dando continuidad a la interlocución realizada con esta Comisión para que las personas con discapacidad participen en los asuntos públicos, COCEMFE espera que esta propuesta sea modificada para que no se limite el camino de la sostenibilidad de las organizaciones y se ponga en riesgo el desarrollo de su labor.
Por otro lado, COCEMFE valora positivamente que el dictamen recoja que la pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia la necesidad de avanzar en la plena aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con propuestas como adaptar el marco normativo para garantizar la efectividad de todos los derechos de las personas con discapacidad y revisar el sistema de atención institucional dando prioridad a la garantía de la permanencia en el hogar.
También incluye algunas de las grandes demandas históricas del movimiento asociativo de personas con discapacidad, como reforzar los mecanismos de coordinación entre atención primaria, hospitalaria, dispositivos de urgencia, Salud Pública, los servicios sociales de atención primaria y los centros residenciales para garantizar la continuidad efectiva de cuidados integrales e integrados en una red de atención sociosanitaria; así como la supresión de barreras arquitectónicas en viviendas e instalaciones públicas, para lo cual, el Gobierno afirma que se revisará la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal y se destinará en los contratos de obras públicas una partida específica a trabajos de accesibilidad en edificios.
Por último, la Confederación destaca otras medidas de la comisión propuestas como asegurar la accesibilidad de los pacientes a los medicamentos prescritos de forma adecuada la supresión progresiva de copagos para evitar que se conviertan en una barrera económica, así como luchar contra la segregación escolar por discapacidad, la planificación de políticas públicas tomando en consideración el 2º Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión Europea, y garantizar la plena autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad en el ámbito del deporte, atendiendo particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.