El Comité Español de Representantes d Personas con Discapacidad (CERMI) ha trasladado al Parlamento un documento de enmiendas en materia de discapacidad al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ya que, según expone, el ámbito local (municipios, mancomunidades, diputaciones, etc.) es en el que las personas con discapacidad sufren múltiples barreras y obstáculos al pleno ejercicio de los derechos.
El CERMI plantea que se debe incorporar, en el enunciado de derechos y principios de la Ley, el derecho a la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de los vecinos con discapacidad. Así, las entidades sociales ejercerán todas sus competencias, garantizando los derechos y el cumplimiento de las normas y principios jurídicos en materia de igualdad y no discriminación de todas las personas, con independencia de cualquier condición o circunstancia personal o social.
Otra de las propuestas que apunta es que la prestación de servicios sociales y de promoción, reinserción e inclusión sociales “deben seguir siendo competencia de las entidades locales”.
En materia de accesibilidad, el CERMI propone que las administraciones locales deben cumplir las normas mínimas que establecen las condiciones de accesibilidad, al mismo tiempo que les corresponde la aprobación de las Ordenanzas de Accesibilidad, de las leyes de Accesibilidad de las Comunidades Autónomas, y de las referidas condiciones básicas de accesibilidad que se aprueben en el marco de la LIONDAU. Y, asimismo, se ha de acondicionar la aprobación de todo expediente municipal al cumplimiento de las normas sobre accesibilidad.
En cuanto a las actividades de información y publicidad de las entidades locales, el CERMI apunta que se deben tener en cuenta las necesidades específicas de los distintos tipos de discapacidad, y el sector público debe centrarse en prestar servicios inclusivos, accesibles en todas las plataformas.
Con respecto a la contratación pública, expresa que unas Administraciones Públicas con una política de compras de bienes o servicios más social y ecológica pueden contribuir “de manera muy importante” al desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que en la UE los ingresos públicos representan el 45% del PIB y su capacidad de compra, el 20%.
En este sentido, pide que la contratación pública local respete las normas sobre compra de bienes y servicios que cumplan los requisitos de accesibilidad, contratación laboral de personas con discapacidad y otros grupos cívicos en situación de exclusión social y reserva de contratos para Centros Especiales de Empleo, conforme a la Ley de Contratos en el Sector Público.
Por otra parte, para el CERMI, uno de los “grandes retos futuros” es la creación de más amplios procedimientos de consulta y participación de la sociedad civil en los procedimientos políticos. Para el CERMI, las organizaciones ciudadanas deben tener un papel activo en la identificación, información y mentalización de la realidad social, no sólo en colaboración con las Administraciones Públicas, sino también con los ciudadanos de su entorno.
Por ello, reclama que se incorporen a todos los foros u órganos de participación a la asociación más representativa de las personas con discapacidad y de sus familias en el ámbito de la Comunidad Autónoma, en cuyo ámbito se encuentre la entidad local; así como que todas las decisiones que puedan afectar a las personas con discapacidad deben ser objeto de consulta previa a ésta.