El movimiento asociativo de la discapacidad ha reclamado, en el X Congreso Estatal de CERMIS Autonómicos que se celebra en Pamplona, una cartera de servicios socio-sanitarios “bien estructurada y unificada” para el conjunto de España, que permita cubrir los déficits actuales. Además, ha destacado la necesidad de una reforma del sistema fiscal para garantizar el mantenimiento del sistema.
El X Congreso ha sido organizado por el CERMI Estatal y el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CORMIN) bajo el lema “Territorios de inclusión. Construyendo un nuevo relato para la discapacidad”.
Durante la mesa redonda “Renovando el contrato social con las bases. Por unas estructuras asociativas revitalizadas”, Roser Romero, secretaria de Organización de COCEMFE, se refirió a los retos de futuro como la necesidad de generar sinergias entre las entidades del sector para optimizar recursos, la creación de espacios de diálogo, o la implicación de las bases, así como dar respuesta a nuevas necesidades, como las derivadas del envejecimiento.
Antonio Guillen, representante de COCARMI Cataluña consideró necesario lanzar a las bases un mensaje claro y profundo de compromiso de trabajo para recuperar los derechos perdidos durante la crisis, algo que, en su opinión, es fundamental para recuperar la confianza. Guillen también subrayó la necesidad de la formación de nuevos liderazgos en este ámbito.
Teresa Palahí, vicepresidenta de la ONCE, aseguró que “si nos centramos en ser, sobre todo, entidades prestadoras de servicios, puede que nos olvidemos del contrato social que tenemos con las bases”, por lo que consideró importante que “la información fluya de arriba hacia abajo para que las bases tengan el sentimiento de pertenencia que debe tener cualquier entidad”.
Por ello, apostó por “revitalizar las estructuras y las bases de las organizaciones a nivel territorial para conseguir cohesión”, ya que, ha insistido, “las bases tienen que sentirse escuchadas y parte de la estructura”. “La ciudadanía está pidiendo una participación activa en las decisiones que les afectan y el tercer sector tiene que dar un paso adelante en este sentido”, afirmó.
Finalmente, la representante de Cermi Cantabria destacó la utilidad del trabajo en red y la importancia de situar como eje central de las actuaciones de las entidades del sector la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias y la mejora de su calidad de vida por encima de los intereses de la entidad.
Clausura en el Parlamento
El acto de clausura contó con la participación de Javier Miranda, presidente del CORMIN; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI Estatal; y Alberto Catalán Higueras, presidente del Parlamento de Navarra.
Alberto Catalán aseguró que “queda mucho para sensibilizar a la sociedad y que entienda que todos debemos sentirnos parte de la vida social, política y cultural”. “El Estado del bienestar será de menos bienestar mientras no se de pleno cumplimiento a los derechos de las personas con discapacidad y se eliminen barreras”, puntualizó.
Asimismo, manifestó la “voluntad clara” del Parlamento de Navarra con la defensa de las personas com discapacidad y el compromiso con el impulso de cuantas leyes sean necesarias para una plena inclusión y con la condena de la vulneracion del derecho de no discriminación.
Por su parte, Javier Miranda señaló que “ahora toca pasar de las palabras a los hechos, tanto por parte de las entidades como de las instituciones y los gobernantes”. “La sociedad entera comprenderá que la discapacidad es un territorio de inclusión cuando los agentes y dirigentes sociales lo crean, lo reivindiquen y lo hagan posible”, recalcó.
Luis Cayo Pérez Bueno declaró que “ese territorio de inclusión al que aspiran las personas con discapacidad no se puede postergar siempre” e insistió en que “hay que hacer realidad una comunidad donde las personas con discapacidad sean parte activa”, una comunidad, dijo, “a la que no renunciamos a pertenecer por derecho y por vocación”.
Acceso a la justicia
La ponencia de clausura “El acceso de las personas con discapacidad a la Justicia” fue impartida por Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Foro Justicia y Discapacidad, quien hizo un repaso por los hitos legislativos en materia de discapacidad, como la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad o la Ley General de la Discapacidad.
Así, se refirió al artículo 13 de la Convención, que reconoce el derecho al acceso a la Justicia de las personas con discapacidad y ello, dijo, “nos obliga a quienes integramos el poder judicial”.
En esta línea, señaló como un paso importante la creación del Foro Justicia y Discapacidad, hace once años, cuyo objetivo es, según explicó, “que no haya obstáculos en el acceso del colectivo a la justicia”.
En el acceso a la justicia, aseguró, “no hay que limitarse a lo más llamativo, que son las barreras físicas porque “las peores barreras son de otro tipo” y se refirió a las deficiencias en la información sobre derechos y recursos existentes para personas con discapacidad o la excesiva formalidad de los procedimientos judiciales.
Es necesario, desde su punto de vista, una política y unos órganos judiciales de especialización en este ámbito, de los que hoy en día solo existen 16 en España. Sin embargo, dejó claro que esta es la línea que va a seguir el Gobierno en esta legislatura, así como el impulso de una política de sensibilización, a través de la formación especializada a todos los operadores jurídicos.