La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, presidió ayer el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, en el que informó, entre otras cuestiones, de la reforma del sistema de subvenciones sociales. Se trata, dijo la ministra, de reorientar la convocatoria de ayudas sociales con cargo al IRPF y las de régimen general para orientarlas “a quienes más lo necesitan”.
En concreto, el sistema de distribución de las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF, que cumplen 25 años de existencia, se sustituye por uno más flexible, eficiente y objetivo, basado en áreas de actuación, en lugar de en colectivos (mayores, jóvenes, personas con discapacidad, etc.), como hasta ahora. En la convocatoria de 2013 se distribuirán 210,1 millones de euros.
Con esta nueva planificación, la ministra ha anunciado que se van a priorizar los Programas de Urgencia Social con los siguientes objetivos: Atender las necesidades básicas de personas en situación de pobreza; apoyar a las familias con necesidades especiales de atención, en particular las que tengan menores, mayores o personas dependientes a su cargo; ayudar a las familias a una adecuada nutrición de los hijos menores y acciones dirigidas a adolescentes en riesgo de exclusión.
En cuanto a las Subvenciones de Régimen General, se modifican para reconocer a las organizaciones que componen el Tercer Sector de Acción Social (unas 29.000 en España) como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado.
Plan social de pago para ONG
Por otra parte, la ministra informó a los consejeros de la puesta en marcha de un Plan Social de pago a ONG, en colaboración con el Ministerio de Hacienda, para hacer frente a las deudas de las CC AA y Ayuntamientos con el Tercer Sector.
El Plan incluye más de 1.000 millones de euros para transferencias a entidades que desarrollen proyectos de ayuda a las familias, infancia, mayores y personas con discapacidad. En concreto, 687 millones de euros para las CC AA y 332 millones para las entidades locales.
Asimismo, se destinarán 1.986 millones de euros a los impagos de conciertos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales.
Si se suma esta cantidad a las mencionadas subvenciones con cargo al IRPF, se van a destinar 3.200 millones de euros “para ayudar a aquellas familias que están sufriendo los peores efectos de la crisis” y para aliviar la situación en la que se encuentran muchas organizaciones sociales por las deudas acumuladas.
Plan de Atención a menores de tres años en dependencia
Por otro lado, el Consejo Territorial aproboóel Plan Integral de Atención a Menores de Tres años en Situación de Dependencia. Se trata de un proyecto contemplado en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, que también estaba previsto en la Ley de Dependencia, pero que no se ha puesto en marcha hasta ahora.
Entre las medidas concretas que se contemplan están las siguientes: Se concederán ayudas a domicilio y, en su caso, prestaciones económicas a favor de los menores de tres años con dependencia; se les garantizarán plazas en escuelas infantiles o centros de atención socioeducativa yse desarrollarán programas de apoyo y formación a los cuidadores.
Sistema de información de la dependencia
Otro de los principales acuerdos alcanzados en la reunión entre la ministra y los consejeros es el nuevo Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Esta revisión tiene por objeto hacer más transparente la gestión y evitar las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas entre 2007 y 2011. La norma garantizará fiabilidad, seguridad, disponibilidad y transparencia en la información.
Para ello, las CC AA enviarán todos los meses un certificado con las altas, bajas, modificaciones, revisiones y traslados.
También expedirán un certificado anual que reflejará la aplicación de los créditos de los Presupuestos Generales del Estado para financiar la atención a la dependencia y la aportación de la Comunidad Autónoma al sistema.
En cuanto a la evaluación anual del Sistema de Dependencia, presentada también en el Consejo, cabe destacar que, durante 2012 las nuevas incorporaciones han superado a las bajas: 132.000 personas más han sido beneficiarias. Asimismo, se ha reducido el número de personas pendientes de concesión de la prestación en un 24%, por tanto, la lista de espera se sitúa en los niveles más bajos desde el inicio del sistema. Y el nivel mínimo ha aumentado en 120 millones de euros.
La ministra también adelantó algunos datos correspondientes al primer semestre de 2013. En los seis primeros meses del año se han reconocido 45.515 nuevos beneficiarios con derecho a prestación, y en el mismo período, el número de personas con prestación reconocida y pendientes de recibirla se ha reducido en casi 21.000.
Mato señaló que, en el último año y medio (desde el 1 de enero de 2012) la lista de espera para recibir las prestaciones reconocidas se ha reducido en un 31,3%.
Otros asuntos
El Consejo territorial dio también luz verde a otros asuntos. El Ministerio presentó el proyecto del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, que verá la luz antes de final de año. Esta norma unificará, por primera vez, las principales leyes en la materia.
El Ministerio, asimismo, informó de la convocatoria de los Premios Estatales al Voluntariado Social 2013 y del próximo Congreso Estatal de Voluntariado, que se celebrará el año que viene en Baleares.
Por último, el Consejo ha aprobado la creación de dos grupos de trabajo: uno, para analizar la situación actual del procedimiento para reconocer la concesión de prestaciones, y un segundo grupo para analizar los procesos de valoración y establecer mecanismos de coordinación.