El presidente del Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, ha reclamado que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) garantice que en 2020 todos los alumnos con discapacidad estén escolarizados en escuelas ordinarias.
Así lo propuso el presidente del CERMI en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. En el curso 2010-2011, España contaba con 141.426 alumnos con discapacidad, de los que aproximadamente 110.000 estudiaban en los llamados centros ordinarios y el resto asistían a escuelas de educación especial.
Esto contraviene las recomendaciones de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que defiende “la educación inclusiva”, por lo que Luis Cayo Pérez pidió “integrar en el sistema educativo a este 20% de alumnos”.
En su opinión, “dentro de un tiempo razonable, las estructuras educativas especiales han de migrar hacia escuelas donde los alumnos con y sin discapacidad convivan, jueguen y se conozcan, ya que esta es la única manera de lograr una educación inclusiva” y de acabar con “los prejuicios”.
“Es mucho más rentable desde un punto de vista organizativo y económico”, declaró, y defendió que “la extensa red de centros especiales se convierta en inclusiva, que ya no será ordinaria, sino escuela única para todos”.
También reivindicó que mientras esto suceda, la decisión sobre dónde escolarizar a los niños con discapacidad corresponda a los progenitores o tutores. Actualmente prima el criterio de la administración si no hay acuerdo, afirmó, lo que “contradice la convención de Naciones Unidas”.
Por ello, insistió en que la asistencia a centros especiales, “mientras existan”, solo se produzca cuando “los tutores o los propios interesados” así lo decidan.
Dicha petición figura en una de las 46 enmiendas parciales a la Lomce propuestas por el CERMI, que también demandó que “la organización de las pruebas de evaluación externa tenga en cuenta la realidad de las personas con discapacidad”, que se garantice el acceso a los soportes y nuevas tecnologías de la información para que “ningún estudiante ciego o sordo se vea privado por esta causa” y que se implanten muchas previsiones recogidas en la Ley de Lengua de Signos y Apoyos a la Comunicación Oral que aún no se han puesto en práctica.
La diputada del PP Carmen Rodríguez Maniega aseguró que estudiarán estas propuestas “con atención e incorporaremos muchas de sus sugerencias”.
Por su parte, los diputados de La Izquierda Plural y del PSOE, Caridad García y Manuel Pezzi, respectivamente, criticaron el impacto de los recortes en el desarrollo de una educación inclusiva y de calidad, preocupación que el presidente del CERMI compartió.