COCEMFE apoya la tesis de los ciudadanos que creen que las personas con discapacidad requieren más apoyos

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La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) quiere mostrar su respaldo a la opinión de los españoles recogida en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en relación al deficiente apoyo que el colectivo de las personas con discapacidad recibe por parte de las administraciones públicas.
Según el avance de resultados del Barómetro de Diciembre de 2013 del CIS publicado ayer día 8 de enero, el 82,7% de los españoles considera que los servicios sanitarios y sociales que proporciona la sociedad a las personas con discapacidad son más bien insuficientes o totalmente insuficientes; y el 81% de los ciudadanos cree que las prestaciones económicas y beneficios fiscales que las Administraciones conceden al colectivo o a su familia son más bien insuficientes o totalmente insuficientes.
Para Mario García, presidente de COCEMFE, “la opinión de los ciudadanos en esta materia no podía ser más acertada. Las personas con discapacidad requieren apoyos más intensos por parte de la Administración. En lugar de crecer, éstos han experimentado grandes retrocesos como consecuencia de los recortes sociales y las medidas de austeridad puestas en marcha en nuestro país”.
COCEMFE exige que se abandonen las políticas que únicamente buscan la rentabilidad económica porque están perjudicando gravemente la salud, el empleo, la educación y la vida autónoma de las personas con discapacidad física y orgánica y sus familias.
Además, en algunos casos, la disminución de las ayudas está siendo agravada con el incremento de los pagos que se ven obligados a realizar nuestro colectivo y sus familiares. Esto se suma al sobrecoste al que tiene que hacer frente para adaptaciones, atención y tratamientos específicos.
En este sentido, la Confederación cree absolutamente necesario volver a alcanzar los niveles de bienestar social y equidad logrados con gran esfuerzo y sacrificio y reclama a los gobiernos central y autonómicos y a las corporaciones locales, que asuman sus obligaciones y proporcionen la asistencia y apoyos que este colectivo requiere para tener una vida digna.
 

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