El 15% de las personas de entre 15 y 64 años con discapacidad en España tiene estudios superiores o universitarios, un porcentaje que se ha multiplicado por tres desde el año 1999, aunque representa menos de la mitad del que registra la población sin discapacidad (33%).
Así lo indica la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) en su último número de “Panorama Social”, en el que ha analizado la discapacidad en España y la inclusión social de estas personas, con especial atención a su integración en el mercado de trabajo.
En este sentido, lamenta que “a pesar de la implicación institucional y del reconocimiento explícito de la importancia de la inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad, en España todavía se registran tasas de actividad y de empleo muy bajas en este colectivo”.
En concreto, el artículo refleja que en 2016 la tasa de actividad de las personas con discapacidad de 16 a 64 años se situaba en el 35,2% (frente al 75,4% en el conjunto de la población), y la tasa de empleo (el porcentaje de personas con discapacidad ocupadas sobre el total de personas con discapacidad en ese rango de edad) en el 25,1% (frente al 60,5% en el conjunto de la población).
Los expertos que participaron en el análisis hacen hincapié en que “una vez que las personas con discapacidad se incorporan al mercado de trabajo, su ocupación se concentra en trabajos a tiempo parcial y, en general, peor remunerados que los de las personas sin discapacidad”.
Un aspecto fundamental para el empleo es la formación y en este aspecto los expertos indican que “resulta especialmente llamativo el porcentaje de analfabetismo de las personas con discapacidad”, ya que “multiplica por diez el de la población sin discapacidad”.
Sin embargo, añaden que a pesar de que solo el 15% de las personas de entre 15 y 64 años con discapacidad tiene estudios superiores o universitarios, se trata de un porcentaje que se ha multiplicado por tres desde el año 1999.
30% en riesgo de pobreza
Respecto a la situación social que atraviesan las personas con discapacidad, la publicación alerta de que en torno al 30% de esas personas se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, cinco puntos por encima del porcentaje correspondiente a la población total.
Por último, se analizó también la situación de la Ley para la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia y se indica que, tras 10 años de su aprobación, 315.000 personas seguían a finales del año 2017 a la espera de que se les asignara una prestación.