El real decreto por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado, reserva al menos un 5 por 100 de las plazas ofertadas para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
En esta misma reserva entrarán también los estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.
A estos efectos, los estudiantes con discapacidad deberán presentar certificado de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad expedido por el órgano competente de cada Comunidad Autónoma.
Además de esta reserva específica, la nueva normativa sobre procedimientos de admisión a la universidad, contiene también medidas de garantía de la accesibilidad de los procesos. Así, el real decreto dispone que “todos los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones de accesibilidad para los estudiantes con discapacidad y en general con necesidades educativas especiales.
Para ello, “las Administraciones educativas determinarán las medidas necesarias que garanticen el acceso y admisión de estos estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en condiciones de igualdad. Estas medidas podrán consistir en la adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de las evaluaciones y pruebas que establezcan las Universidades, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procedimientos y la del recinto o espacio físico donde estos se desarrollen”.
Estas medidas de acción positiva a favor del alumnado con discapacidad, sugeridas por el CERMI, pretenden garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el acceso a los estudios universitarios por parte de las personas con discapacidad.