Según datos oficiales, la economía social gallega representa el 10% del producto interior bruto. Ejemplo de economía social son los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro que tienen como objetivo el fomento del empleo de personas con discapacidad. “De no ser por estas iniciativas empresariales, con un mínimo del 70% de plantilla con discapacidad reconocida, la inserción en el mercado laboral ordinario sería más compleja”, asegura La Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (COGAMI), entidad perteneciente a COCEMFE.
Galicia actualmente registra un total de 32 centros asociados a Cegasal (Asociación Empresarial Gallega de Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro) donde trabajan más de 1.500 personas, de las que 663 lo hacen en alguno de los 11 centros que promueve COGAMI (Coregal, Dixardín, Trameve, Artegalia, Accede Social, Integratex, Grafinco, Hornos de Lamastelle, Combina Social, Activa Social ETT y Gallega de Economía Social). Estas iniciativas sociales generan sus propias oportunidades laborales a personas con discapacidad en sectores como medio ambiente, alimentación, artes gráficas, textil, distribución, consultoría y transporte, en las que más del 90% tienen discapacidad.
En palabras del presidente de COGAMI, Anxo Queiruga, los centros especiales de empleo de iniciativa social “suponen una oportunidad laboral, que no siempre oferta la empresa ordinaria a personas con discapacidad, y que nos permite más autonomía y trazar un proyecto de vida como cualquier otra persona. La economía social está centrada en la persona, no en los beneficios, generando trabajo más estable y de mejor calidad”.
Al igual que en la mayoría de empresas, el impacto del COVID-19 también se ha notado en COGAMI Empresarial, teniendo que paralizar o reducir temporalmente la actividad de algunos de los centros especiales de empleo tras la declaración del estado de alarma, y en otros casos, continuaron con los servicios, en modo teletrabajo, dando apoyo y soporte.
Por ello desde COGAMI solicitan a las administraciones “un firme compromiso con la economía social mediante la adopción de medidas para paliar las consecuencias y favorecer la recuperación”. Asimismo, piden que “se cumpla con la ley de contratación pública y que las administraciones reserven la carga de trabajo que especifica la norma para los centros especiales de empleo de iniciativa social, sin ánimo de lucro”.
Por último, COGAMI recuerda que durante la pasada crisis de 2008 el grupo social de las personas con discapacidad fue proporcionalmente el más afectado al duplicar el número de personas paradas, a juicio de Queiruga “fueron los centros especiales de empleo de iniciativa social los que mantuvieron la mayoría del empleo de las personas con discapacidad”.
COGAMI continúa con la campaña 12 Llaves de la Inclusión en lo que habla de derechos y que en este mes de junio dedica a la Economía Social, una oportunidad laboral para las personas con discapacidad y también para el resto de la sociedad.
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