Motivos para reformar la Ley de Propiedad Horizontal

Una persona usuaria de silla de ruedas es ayudada por varias personas ante la falta de accesibilidad al recinto que quiere entrar

Las viviendas españolas suspenden en accesibilidad. Así lo demuestran los últimos informes publicados al respecto, que desvelan cifras nada halagüeñas para las personas con discapacidad física. Según el último Censo de Viviendas, válido desde 2011 hasta 2021 (se realiza cada diez años), apenas un 22,9% de los edificios son accesibles. Y según el estudio ‘La accesibilidad en las viviendas de España’ de la Fundación Mutua de Propietarios, presentado en marzo de 2018, solo el 0,6% de los 10 millones de edificios de viviendas que hay en España cumple con todos los aspectos que regula la normativa. A saber: el 63% no es accesible a la calle, el 72% no tiene rampa de acceso (y en los que existe no siempre es funcional), el 22% no tiene ascensor, el 14% no tiene portero automático y solo el 18% de los garajes son plenamente accesibles.
La consecuencia es que un millón de personas con discapacidad viven atrapadas en sus casas, a la espera de una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que garantice el pleno acceso a sus viviendas, en condiciones de dignidad y adecuación. Manuel Salido es una de ellas. Su historia ha sido recogida por Informativos Telecinco:

A este respecto, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) reivindica una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, aprobada en 1960 y reformada en 1999 través de la Ley 8/99, y vuelta a modificar hasta en ocho ocasiones más hasta 2013, que reconozca la obligatoriedad de las obras necesarias para conseguir el pleno acceso a los inmuebles y muy especialmente en aquellos de mayor antigüedad, y que contemple ayudas a las comunidades de vecinos para que las actuaciones sean asumidas colectivamente y se elimine así también la barrera de la limitación económica.
La Confederación entiende que velar por el cumplimiento de la normativa existente, que fijó el pasado mes de diciembre la fecha tope para alcanzar la accesibilidad universal y aun así el 30% de los edificios públicos no es accesible, “es responsabilidad de todas y todos”. Cerca del 70% de las casi cuatro millones de personas con discapacidad que hay en la sociedad tiene problemas de movilidad y se enfrenta a barreras todos los días, que se pueden eliminar con un esfuerzo conjunto. “La Administración dotando de recursos, modificando y velando por el cumplimiento de las leyes, pero es necesaria la participación de todos los agentes implicados”, sostiene COCEMFE.

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