Entidades de personas con discapacidad física, visual e intelectual denuncian que el bono social de 380 soles, prestación económica con la que el gobierno peruano de Martín Vizcarra apoya a los hogares más golpeados por el estado de emergencia a raíz de la crisis sanitaria por el COVID-19 s en Perú, no llega a los que más lo necesitan, sobre todo a regiones del interior del país, debido a la falta de un censo actual y real de las personas con discapacidad que viven en situación de pobreza y/o pobreza extrema.
Asimismo, señalan que “las estadísticas tampoco consideran a la población con discapacidad que realiza trabajos independientes ante la falta de acceso a un trabajo formal y que sobrepasarían las 300 mil, que en esta situación de emergencia no cuentan con un sustento para su alimentación y otros gastos”.
En este sentido, organizaciones como la Fraternidad de Personas Enfermas y con Discapacidad (FRATER) y la Comisión de Damas Invidentes del Perú (CODIP) demandaron al estado peruano considerar también en la entrega del bono a las personas con discapacidad que tienen seguro en ‘Essalud’ (Seguro Social de Salud), ya que la mayoría de ellas acceden a esta prestación porque son familiares directos (derechohabientes) y por su condición de discapacidad pero no generan ingresos para sus hogares.
Luzmila Muro, portavoz de CODIP y del proyecto “Impulsando el derecho de las mujeres con discapacidad a una vida libre de violencia y discriminación en Perú” llevado a cabo por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), CODIP y FRATER y financiado por Ayuntamiento de Madrid y Fundación ONCE, señaló que “la entrega de canastas y víveres tampoco está llegando a las personas con discapacidad que más lo necesitan” por lo que exigió “se intensifique la labor de los alcaldes y de su personal para identificar a la población vulnerable y contar con estas listas actualizadas que permitan un trabajo activo y articulado con las Oficinas Municipales de Atención a Personas con discapacidad (OMAPEDS) y las personas con discapacidad”. Otra prioridad, según Muro, es la “atención de situaciones de violencia doméstica contra las personas con discapacidad, en especial contra mujeres, niñas y niños, durante el aislamiento social donde el agresor es usualmente un miembro de la familia por lo que se debe priorizar su alejamiento del entorno de la víctima”.