La Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (COGAMI), entidad perteneciente a COCEMFE, ha alertado durante la celebración de su XXXVI Asamblea Anual de las demoras que se están registrando en Galicia para obtener la valoración o revisión del grado de discapacidad, una situación que, según trasladan las entidades que forman parte de su movimiento asociativo, puede alcanzar hasta tres años de espera en algunos casos.
La Asamblea, celebrada en Santiago de Compostela, reunió a miembros de la Junta Directiva y representantes de las entidades integradas en COGAMI, constituyendo el máximo órgano de decisión de la organización. Durante la sesión se presentaron las actividades desarrolladas en el último ejercicio, las cuentas de resultados y el plan operativo previsto para este año.
Entre las principales preocupaciones compartidas por las entidades participantes destacó la situación de los Equipos de Valoración y Orientación de la Discapacidad (EVO). Las cuatro federaciones provinciales de COGAMI señalaron que numerosas personas continúan encontrando importantes retrasos para acceder a las entrevistas necesarias para la obtención o revisión del certificado de discapacidad, pese a los anuncios realizados recientemente sobre el refuerzo de estos equipos.
COGAMI recuerda que el certificado de discapacidad constituye un elemento fundamental para acceder a derechos, recursos, servicios y prestaciones. La demora en su tramitación puede afectar al acceso al empleo, la educación, la atención sanitaria, la accesibilidad o las ayudas destinadas a compensar situaciones de desigualdad.
“El certificado de discapacidad es la puerta de entrada a derechos, recursos y prestaciones. Retrasar su concesión significa retrasar también la igualdad de oportunidades de las personas”, señaló el presidente de COGAMI, Anxo Queiruga.
Con el objetivo de conocer las actuaciones previstas y contribuir a la mejora de los procedimientos, COGAMI solicitará una reunión con la Consellería de Política Social e Igualdad para trasladar propuestas que favorezcan una gestión más ágil y ajustada a las necesidades de las personas solicitantes.
Desarrollo del Decreto de Accesibilidad
COGAMI también trasladó durante la Asamblea la necesidad de aprobar el decreto que desarrolle la Ley de Accesibilidad de Galicia, vigente desde 2014. La organización considera que este reglamento resulta esencial para garantizar la aplicación efectiva de los derechos reconocidos a las personas con discapacidad.
La entidad recuerda que la ley contemplaba la aprobación de este desarrollo normativo en un plazo máximo de dos años, por lo que acumula una década de retraso. Asimismo, destaca que tanto el reglamento como el futuro código de accesibilidad permitirán concretar los requisitos técnicos que deben cumplir edificios, espacios públicos, medios de transporte y servicios, facilitando su aplicación por parte de las administraciones públicas y del sector privado.
Transporte accesible para favorecer la autonomía personal
La falta de transporte accesible fue otro de los asuntos analizados durante la Asamblea. COGAMI puso de manifiesto que muchas personas con discapacidad, especialmente las personas usuarias de silla de ruedas, siguen encontrando dificultades para desplazarse de forma autónoma debido a la limitada disponibilidad de alternativas accesibles.
La insuficiente cobertura del transporte público colectivo obliga en numerosos casos a recurrir al taxi para acudir a consultas médicas, realizar gestiones administrativas o desarrollar actividades cotidianas. Sin embargo, en muchos municipios no existen vehículos adaptados, lo que restringe las posibilidades de movilidad.
“Las personas con movilidad reducida seguimos encontrando importantes limitaciones para desplazarnos en igualdad de condiciones. La incorporación progresiva de más eurotaxis mediante nuevas licencias y la renovación de las flotas contribuiría a mejorar la accesibilidad del transporte”, indicó Anxo Queiruga.
COGAMI subraya que avanzar hacia un sistema de transporte más accesible resulta clave para favorecer la autonomía personal, la participación social y la igualdad de oportunidades, especialmente en las zonas rurales y en aquellos municipios con menor oferta de transporte público.
