Cinco demandas inaplazables de las personas con discapacidad al nuevo Gobierno

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El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, ha reclamado al Gobierno que actúe ante los grandes retos legislativos pendientes en España para que se garantice la plena autonomía personal y la salud, la inclusión laboral, la educación inclusiva, la accesibilidad universal y el cumplimiento de derechos de personas con discapacidad.

Así lo defendió en una tribuna publicada en eldiario.es, donde repasó los retos que tiene por delante el Gobierno para conseguir la plena participación en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad en general y de las personas con discapacidad física y orgánica en particular.

En primer lugar, un asunto pendiente es garantizar la vida independiente, para lo cual, Queiruga defiende que “es fundamental que el Gobierno legisle, de manera inaplazable, la figura de la asistencia personal”, teniendo en cuenta que “después de 13 años sigue en el limbo en nuestro ordenamiento jurídico”.

“Debemos transformar nuestro sistema educativo para que se cumpla el derecho del alumnado con discapacidad a una educación inclusiva y de calidad”, señala el presidente de COCEMFE, que añade que “debemos superar el actual modelo integrador y pasar al modelo de la inclusión en un único sistema, donde la escolarización se realice en centros ordinarios y dotarlos de los recursos necesarios para atender la diversidad de las personas”.

El empleo y la sanidad universal son otros de los aspectos a los que tendrá que atender el Gobierno y en este sentido Queiruga considera que es necesaria “una nueva ley de empleo que garantice el acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones e instaure un nuevo modelo que armonice todas las medidas existentes” y hace hincapié en que “es fundamental que el Gobierno garantice nuestro acceso a la sanidad universal y a todas las tecnologías sanitarias y tratamientos necesarios para la protección de nuestra salud”.

Por último, el presidente de la Confederación califica de “inaplazable” que se establezca “un nuevo baremo de reconocimiento del grado de discapacidad, que sea justo y tenga en cuenta las discapacidades invisibles como la discapacidad orgánica” y además el Gobierno tenga en cuenta “las necesidades de las mujeres con discapacidad y los factores que afectan y pueden provocar una mayor discriminación como, por ejemplo, vivir en una zona rural.”.

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