La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) ha solicitado a todos los ayuntamientos madrileños que elaboren y aprueben, con carácter urgente, ordenanzas municipales específicas que garanticen la accesibilidad universal en las viviendas y entornos urbanos. Esta petición se enmarca dentro del cumplimiento del marco normativo vigente, que establece la obligación de asegurar condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y accesibilidad en los edificios, especialmente aquellos con más de 30 años de antigüedad.
Desde FAMMA se destaca que la normativa autonómica, concretamente la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid en sus artículos 168 y siguientes, ya impone a los municipios la responsabilidad de ordenar inspecciones periódicas, dictar órdenes de ejecución de obras de rehabilitación y velar por el cumplimiento de los estándares mínimos que garanticen entornos seguros, saludables y accesibles para todas las personas. Sin embargo, a día de hoy, son muchos los municipios de la región que aún no han desarrollado ni aplicado normativas propias que concreten estas obligaciones.
En este sentido, FAMMA subraya que el Ayuntamiento de Madrid sí dispone de una Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones desde 2011. Esta normativa, junto con la legislación autonómica y el Código Técnico de la Edificación, establece claramente la necesidad de suprimir barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad. No obstante, esta situación no se replica en los restantes 178 municipios de la Comunidad, lo que está generando desigualdades graves e injustificables en el acceso a viviendas y espacios adaptados, especialmente para las personas con discapacidad y con movilidad reducida.
La Federación advierte que la inaccesibilidad de muchos edificios constituye una forma de discriminación que vulnera derechos fundamentales reconocidos tanto en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU como en la legislación estatal y autonómica. En palabras de Javier Font, presidente de FAMMA, “es inaceptable que en pleno siglo XXI sigamos encontrando portales inaccesibles, edificios sin ascensor y barrios donde las personas con discapacidad o movilidad reducida no pueden salir de casa con autonomía. La accesibilidad es un derecho, no una opción”.
Por ello, FAMMA reclama que todos los ayuntamientos de la región actúen con responsabilidad, aprobando sin demora ordenanzas que regulen el deber de conservación y rehabilitación de los edificios, incorporando de manera explícita los principios de accesibilidad universal. Asimismo, insta a que se realicen inspecciones periódicas obligatorias en todos los edificios con más de 30 años de antigüedad, que se prioricen intervenciones en comunidades donde residen personas con discapacidad, mayores o con movilidad reducida, y que se implementen medidas de apoyo económico para facilitar las obras necesarias que eliminen barreras arquitectónicas.
Finalmente, desde la entidad se recuerda que garantizar la accesibilidad no es solo una obligación legal, sino también un compromiso ético con la igualdad de oportunidades y con la dignidad de todas las personas. Tal y como señala Font, “los derechos no se declaran, se garantizan. Y para ello es indispensable que los municipios legislen, inspeccionen y actúen con contundencia. Por el bien de toda la ciudadanía”.
