COCEMFE reclama un ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de las personas con discapacidad

Se ha puesto de manifiesto que las personas con discapacidad han de ser sujetos activos de los derechos humanos, para poder ejercerlos y disfrutarlos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
Imagen de las masterclass

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha celebrado la Masterclass  ‘La discapacidad desde un enfoque de derechos humanos’, donde se ha puesto de manifiesto que las personas con discapacidad han de ser sujetos activos de los derechos humanos, para que, de esta manera, poder ejercerlos y disfrutarlos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

Esta ha sido una de las principales conclusiones de la masterclass organizada por COCEMFE, impartida por Patricia Cuenca Gómez, profesora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, tras la bienvenida del secretario de Finanzas de COCEMFE, Daniel-Aníbal García Diego.

“Cualquier enfoque basado en los derechos humanos debe centrarse en los grupos de población que son objeto de una mayor exclusión social y discriminación, como lo somos las personas con discapacidad”, ha señalado García Diego. “Este enfoque a menudo requiere un análisis de las normas de género, de las diferentes formas de discriminación y de los desequilibrios de poder a fin de garantizar que las intervenciones que desarrollamos desde los distintos sectores sociales lleguen a los segmentos de la población con mayor riesgo de exclusión social”, ha matizado.

Por su parte, Cuenca ha destacado que “el nuevo enfoque de los derechos humanos está vinculado al modelo social donde la discapacidad es una situación resultado de la interacción entre las condiciones individuales de cada persona y las barreras sociales de entorno y actitud”. Este modelo deja atrás el anterior, basados en unas creencias asistencialistas. “El objetivo ahora pasa a ser normalizar a la sociedad, que tiene que adaptarse para dar cabida a las necesidades de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad”, ha remarcado.

En este sentido, Cuenca ha subrayado que este nuevo enfoque transforma el rol de las organizaciones, “pues cumplen un papel clave a la hora de cumplir, supervisar y defender la aplicación real de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Al mismo tiempo, recalcó que son las propias organizaciones las que deben trabajar para “ofrecer a las personas con discapacidad un primer asesoramiento sobre los mecanismos de defensa disponibles”.

Durante su intervención, la investigadora ha explicado que el propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, a la par que proteger el respeto de su dignidad inherente.

Flores ha argumentado que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad adapta dichos derechos universales al contexto de la discapacidad, ya que “les añade garantías y refuerza los ámbitos donde tradicionalmente, este grupo social, ha sido discriminado”, exponía. “Los regula con la vista puesta en la discapacidad, pensando qué hace falta para que las personas con discapacidad los disfruten en igualdad de condiciones”, añadió.

Finalmente, Cuenca explicó cómo la aplicación transversal de esta norma, hace partícipe no solo a instituciones públicas, sino también al sector privado y a toda la ciudadanía en general. “Estos derechos ya están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y nuestra labor como ciudadanos consiste en encontrar la mejor y más eficiente manera de hacerlos efectivos”.

Este encuentro digital se imparte en el marco del Programa estatal de intercambios formativos y de buenas prácticas entre entidades del movimiento asociativo de COCEMFE, el cual se desarrolla gracias a una subvención procedente del 0,7% del IRPF del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

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