La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA COCEMFE Madrid) ha recibido la contestación del Defensor del Pueblo a las denuncias presentadas sobre los retrasos en la tramitación de los expedientes de valoración y revisión del grado de discapacidad en la Comunidad de Madrid.
En su escrito, el Defensor del Pueblo reconoce la gravedad de la situación, que afecta a miles de personas con discapacidad y a sus familias, y confirma que estas demoras vulneran derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en la normativa vigente. La Adjunta Primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ha trasladado a FAMMA un conjunto de recomendaciones dirigidas a la Comunidad de Madrid, como dotar adecuadamente de personal a los equipos multiprofesionales de valoración y crear nuevos equipos si es necesario, aprobar con urgencia el desarrollo normativo que regule la composición, funciones y procedimientos de valoración, y establecer criterios objetivos para priorizar los expedientes urgentes y garantizar la tramitación en el plazo legal máximo de seis meses, recogido en el Real Decreto 888/2022. También propone posibilitar valoraciones telemáticas con garantías, mejorar el acceso de los equipos a la información clínica y social e informar de manera transparente a las personas solicitantes sobre los tiempos de espera, así como expedir resoluciones provisionales que mantengan los derechos de las personas en los casos de revisión de grado mientras se resuelve el expediente definitivo.
El Defensor del Pueblo recuerda además a la Comunidad de Madrid su obligación legal de dictar y notificar las resoluciones dentro del plazo de seis meses establecido por la normativa y subraya que ya se han emitido varios recordatorios de esta obligación a lo largo del año.
El presidente de FAMMA, Francisco Javier Font, ha valorado muy positivamente la resolución: “Este pronunciamiento del Defensor del Pueblo es un respaldo inequívoco a nuestra denuncia y a la voz de los miles de personas que sufren los retrasos injustificados. Ahora exigimos a la Comunidad de Madrid que cumpla las recomendaciones y ponga en marcha medidas inmediatas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad”.
Con esta respuesta, el Defensor del Pueblo ratifica la postura de FAMMA y refuerza la necesidad de que las administraciones actúen con responsabilidad para garantizar una atención digna, ágil y ajustada a la ley.
