La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional han desarrollado una sesión formativa dirigida a profesionales de intervención directa de COCEMFE y sus entidades, con el objetivo de clarificar cómo actuar cuando se detecta una posible situación de violencia y cuáles son sus responsabilidades.
La formación fue impartida por María del Carmen Pavón de Paula y Noelia Revuelta Fuertes, de la Oficina de Estudios de la UFAM, órgano responsable de coordinar estas unidades a nivel nacional y de su capacitación especializada. Durante la sesión se abordaron el marco normativo, los procedimientos de actuación y los recursos disponibles, con especial atención a mujeres con discapacidad y a contextos de dependencia.
La UFAM es la unidad especializada de la Policía Nacional encargada de la investigación y protección en delitos relacionados con la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia sexual, los delitos contra menores, la trata con fines de explotación sexual y otros delitos que afectan a personas especialmente vulnerables.
La violencia de género es un delito público
Uno de los aspectos centrales fue recordar que la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja es un delito público. Esto significa que cualquier persona que tenga conocimiento de una posible situación de violencia puede y debe comunicarlo a las autoridades. No es necesario que la víctima formalice la denuncia para que, si existen indicios suficientes, se activen diligencias y medidas de protección.
Para las y los profesionales del Movimiento Asociativo, esta cuestión resulta especialmente relevante. En el ejercicio de su labor pueden conocer situaciones de riesgo y, en esos casos, tienen la responsabilidad de ponerlo en conocimiento de las autoridades o acompañar a la persona afectada en el proceso. Si existe una persona en peligro, es importante comunicar la situación para que puedan activarse las medidas de protección correspondientes.
Cuando una tercera persona comunica los hechos, se activa el denominado “protocolo 0”, que conlleva el inicio de diligencias policiales y la incorporación del caso al Sistema VioGén del Ministerio del Interior. Este sistema centraliza la información, valora el nivel de riesgo, establece medidas de protección y garantiza el seguimiento continuado del caso.
Asimismo, se explicó la figura del agente protector, profesional policial de referencia que mantiene contacto periódico con la víctima, supervisa el cumplimiento de las medidas judiciales y actualiza la valoración del riesgo, especialmente relevante en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Especial atención a mujeres con discapacidad
La sesión puso el foco en que la violencia no se limita al ámbito de la pareja o expareja. En el caso de mujeres con discapacidad pueden producirse situaciones de violencia o maltrato en entornos de cuidados, por parte de personas cuidadoras formales o informales, profesionales de apoyo, personal de recursos residenciales o en contextos donde exista una relación de dependencia o asimetría de poder.
Se compartieron datos que evidencian una mayor prevalencia de violencia en mujeres con discapacidad y se recordó que un porcentaje significativo de quienes han sufrido violencia física o sexual en la pareja afirma que su discapacidad es consecuencia directa de la violencia vivida. También se destacó que, pese a estar más expuestas a la violencia, las mujeres con discapacidad denuncian estos hechos con mayor frecuencia que las mujeres sin discapacidad.
Accesibilidad y garantías
La formación abordó el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a realizar los ajustes necesarios para que las personas con discapacidad participen en igualdad de condiciones en cualquier proceso. Entre estos ajustes se incluyen el uso de lenguaje claro, apoyos a la comunicación, la intervención de una persona facilitadora o el derecho a estar acompañada desde el primer contacto con las autoridades.
También se trataron adaptaciones en la toma de declaración, la posible utilización de grabación o cámara Gesell y la coordinación con otros profesionales y entidades del Tercer Sector. Se recordó que la discapacidad no debe ser un obstáculo para denunciar y que, en determinados supuestos, la Policía puede desplazarse al domicilio cuando la situación lo requiera.
Durante el encuentro se compartieron igualmente retos pendientes en materia de accesibilidad física y autonomía en algunos trámites en comisaría, lo que refuerza la necesidad de seguir avanzando en mejoras que garanticen una atención plenamente accesible.
La sesión concluyó destacando la importancia de fortalecer la colaboración entre la Policía Nacional y las entidades del ámbito de la discapacidad, como vía para identificar necesidades reales, recoger demandas específicas y seguir mejorando la respuesta ante cualquier forma de violencia hacia las personas con discapacidad.
Esta formación, en colaboración con la UFAM, se ha desarrollado dentro del Programa Estratégico Estatal de Lucha Contra las Discriminaciones y Violencias hacia las Mujeres con Discapacidad Física y Orgánica de COCEMFE y están financiados a través de las subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social de la convocatoria del 0,7 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
