La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha presentado una batería de aportaciones al anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), con el objetivo de reforzar las garantías de protección de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y asegurar que la futura norma incorpore plenamente el enfoque de derechos humanos recogido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas.
Las propuestas de COCEMFE se centran en ámbitos clave como la prevención de la institucionalización, la accesibilidad universal, los apoyos individualizados, la formación especializada de profesionales, la protección frente a la discriminación múltiple y el fortalecimiento de los entornos familiares y comunitarios. La entidad considera que estos elementos son imprescindibles para garantizar una protección efectiva frente a cualquier forma de violencia.
“Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad siguen enfrentándose a mayores riesgos de violencia, abuso, negligencia y discriminación. La futura ley debe incorporar medidas específicas que garanticen su protección efectiva y el ejercicio pleno de sus derechos en igualdad de condiciones”, afirma el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.
Entre las principales aportaciones, COCEMFE propone incorporar expresamente el principio de desinstitucionalización en la ley, garantizando que la discapacidad nunca constituya un motivo para la separación familiar o la institucionalización de una persona menor de edad. La entidad defiende que la mejor protección frente a la violencia pasa por fortalecer los apoyos familiares y comunitarios y por garantizar el derecho de cada niña y niño a crecer en entornos inclusivos.
Asimismo, la organización reclama que todos los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con situaciones de violencia sean plenamente accesibles e incluyan ajustes razonables y apoyos individualizados. En este sentido, solicita que se garantice el uso de sistemas dotados de accesibilidad universal en la información y las comunicaciones para asegurar que las personas menores de edad con discapacidad puedan ser escuchadas y participar de forma efectiva.
COCEMFE también plantea incorporar de manera transversal la perspectiva de género y discapacidad en las políticas y actuaciones previstas en la norma. Según la entidad, las niñas y adolescentes con discapacidad se encuentran expuestas a formas específicas y agravadas de violencia, especialmente violencia sexual, violencia de género, violencia institucional, explotación y negligencia, por lo que requieren medidas reforzadas de protección y prevención.
Además, la Confederación propone reforzar la formación obligatoria del personal de los ámbitos educativo, sanitario, social, policial y judicial para mejorar la detección temprana de situaciones de violencia hacia la infancia con discapacidad y evitar que estas situaciones permanezcan invisibilizadas o sin respuesta adecuada.
“Proteger a la infancia y la adolescencia con discapacidad exige eliminar barreras, garantizar apoyos y fortalecer a las familias. No basta con reconocer derechos; es necesario establecer mecanismos concretos que permitan ejercerlos y prevenir cualquier forma de violencia o discriminación”, señala Queiruga.
COCEMFE considera que la reforma de la LOPIVI representa una oportunidad para avanzar hacia un sistema de protección más inclusivo, accesible y centrado en los derechos humanos, alineado con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas y con la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización. La entidad espera que las aportaciones realizadas sean incorporadas durante la tramitación de la norma para garantizar que ninguna niña, niño o adolescente con discapacidad quede atrás.
